El latrocinio del gobierno en favor de los oligopolios eléctricos. Autoconsumo.

El Real Decreto en el que se establecen las condiciones técnico-económicas del autoconsumo renovable se trata de la regulación más restrictiva del mundo. Una norma que tiene como único objetivo minimizar la pérdida de ingresos que esta modalidad de generación eléctrica podría causar a las grandes compañías del sector.

Con objeto de ayudar a la correcta interpretación de la norma, más allá de la propaganda, nos permitimos ofrecer algunas notas aclaratorias sobre la versión ofrecida por el Gobierno.

“El autoconsumo debe colaborar a financiar los costes del sistema”

El Ministro y el Secretario de Estado de Energía (y así se recoge repetidamente en la exposición de motivos del RD) defienden que lo más importante en relación con el autoconsumo es que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y financiera del sistema. A este respecto, es muy importante hacer de forma automática el ejercicio de higiene mental consistente en reemplazar siempre “el sistema” por “la cuenta de resultados de la grandes compañías eléctricas”. Cuando el Gobierno insiste en hablar de que es el sistema lo que está en riesgo, realiza un ejercicio de ocultación consciente e interesado.

Porque el autoconsumo lo que significa realmente es que los consumidores podamos producir electricidad en nuestras propias casas e industrias. Cada kWh que produzcamos por nuestros propios medios es un kWh que dejaremos de comprar a los grandes productores de electricidad que son las cinco compañías del oligopolio. Ante una difusión masiva de pequeñas plantas de autoconsumo, el modelo centralizado (y también contaminante y peligroso) está en riesgo. Las centrales de ciclo combinado y de carbón estarán aún más tiempo paradas y recaudarán menos dinero, no podrán ser amortizadas y generarán un agujero quizá inasumible en las cuentas de estas empresas. Lo mismo sucede con las redes de transporte y distribución, propiedad de las mismas compañías. Los costes de esas redes son fijos, pero deberían ser retribuidas, al menos en parte, en función de la electricidad que circulara por ellas. Si esa cantidad es menor como consecuencia del autoconsumo, los ingresos que reciben sus propietarios también tendrían que ser menores.

Por lo tanto, no es la estabilidad del sistema lo que está en riesgo, sino la estabilidad de los consejos de administración de las grandes eléctricas.

"El autoconsumo se basa en tecnologías que no son fiables. Necesita del respaldo del sistema para los momentos en que no luce el sol. Por eso está justificado que las instalaciones de autoconsumo paguen peajes que compensen a las tecnologías y redes que les sirven de respaldo".

Sin duda. La fotovoltaica no puede garantizar que habrá electricidad siempre que se necesita. Los consumidores con instalaciones de autoconsumo precisan del respaldo de la red para aquellos momentos en los que no brilla el sol.

Pero siendo así, lo lógico es que estos consumidores paguen por ese respaldo cuando y solo en aquellos momentos en que necesitan recurrir a la red, y no, según se establece en la regulación recién aprobada, en los momentos en los que no están consumiendo de la red, es decir en aquellos momentos en los que los paneles fotovoltaicos están funcionando. Porque en esto consiste el ya famoso “impuesto al sol”; en que se pague a las eléctricas (no “al sistema”, no lo olvidemos) un peaje por cada kWh que produzcan los paneles y se consuma instantáneamente en la vivienda del autoproductor.

¿Por qué se hace así? Simple. Si se pagan peajes, como sería lógico, solo en el momento en el que se necesita consumir de la red, las eléctricas solo ingresarían por los kWh que vendieran (una vez más, como es lo lógico). Con un autoconsumo generalizado, venderían mucho menos e ingresarían mucho menos. Tendrían que subir entonces mucho el precio de sus kWh (por tener que repartir sus costes fijos entre menos kWh), con lo que sería aún más atractivo el autoconsumo, y entraríamos en lo que se conoce como la “espiral de la muerte” para las grandes eléctricas: cada vez venderían menos, cada vez tendrían que subir más el precio de los pocos kWh que pudieran vender….

Es decir, que pagar por el respaldo sí, por supuesto. Pero sin que tenga sentido hablar de respaldo ni nada parecido. El consumidor con planta de autogeneración tendrá un contrato de consumo y pagará por la electricidad que necesite consumir, lo mismo que cualquier otro. Y así es como debe ser. Si consume menos, pagará menos. Lo mismo que aquel otro que decida cambiar sus electrodomésticos por otros de alta eficiencia.

“El autoconsumo es insolidario. Al reducir su consumo, el autoproductor hace que aquellos que no tengan este tipo de planta tengan que asumir un pedazo mayor de los costes del sistema”

Antes de nada, no olvidemos qué es lo que tenemos que entender cuando leamos “costes del sistema"...

Y respecto al argumento de la insolidaridad, tiene sentido que recordemos el conjunto de indiscutibles ventajas asociadas al autoconsumo: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de importaciones de combustibles fósiles, de mejora de la balanza de pagos, de empleo (un modelo descentralizado es mucho más intensivo en puestos de trabajo por kWh que el sistema actual). El autoconsumo (con una regulación sensata) supone ahorros indiscutibles para el propietario, pero desencadena al mismo tiempo un conjunto enorme de externalidades positivas, de beneficios para el bien común, ciertamente incompatibles con la idea de insolidaridad.

Nos encontramos con un nuevo caso de doble lenguaje. Cuando oigamos hablar de insolidaridad de los autoproductores con el resto de consumidores, debemos reemplazar automáticamente la expresión “el resto de consumidores” por “las grandes eléctricas”. Y eso es cierto. Efectivamente, el autoconsumo es insolidario con las grandes eléctricas.

“El autoconsumo es para ricos. Serán los pobres los que, al no tener dinero para pagar su instalación, estarán condenados a pagar una electricidad cada vez más cara, con lo que se acentuará la desigualdad”

Con una regulación del autoconsumo similar a la que se está aprobando en el resto del mundo, la electricidad procedente de los paneles resulta significativamente más barata que la que pagamos actualmente en nuestras facturas. Esos pobres condenados a pagar la electricidad cada vez más cara estarían encantados de apuntarse al carro de contar con una instalación que les supusiera ahorros mensuales. Con unas políticas públicas fáciles de implementar (bastaría con una línea de avales y una factura de electricidad que incluyera la cuota del préstamo –a 20 años, por poner un ejemplo- con el que pagar la instalación), contaríamos con una herramienta esencial para luchar contra la pobreza energética y la desigualdad.

Es decir, que el autoconsumo, con una normativa sencilla, no sería una cuestión de ricos contra pobres, sino de ciudadanos contra grandes compañías.